La programación de la radiotelevisión pública británica estará sujeta en el futuro a una supervisión externa para validar el equilibrio y la pluralidad en todo lo que aborda. Eso incluye la producción en áreas no informativas, como los contenidos para niños o el material educativo, de los que se esperará igualmente una representatividad amplia en cuanto a ideologías y perspectivas. Ese escrutinio ha sido anunciado pocos días después de que la nueva secretaria de Cultura, el área del Gobierno encargado de supervisar BBC, declarara que el organismo debía dejar de ser tan progresista y tan centrado en Londres.
Lo previsto es que esa auditoría externa someta al público y a organizaciones interesadas la cobertura que la radiotelevisión pública británica realice sobre determinados temas que puedan ser considerados controvertidos. Esos colectivos tendrán la oportunidad de presentar formalmente quejas, sugerencias o comentarios sobre cómo se abordan y por tanto tendrán un acceso regulado para intentar influir en la línea editorial de la corporación.
El primero de esos asuntos será el de la información sobre gasto público e impuestos, algo delicado en el convulso contexto británico actual. Lo esperado es que vengan detrás otros temas más relacionados con las guerras culturales de la actualidad como identidad de género o inmigración, que protagonizan cada vez más debates públicos. No está claro cómo se fijarán los términos bajo los que puede considerarse imparcial una información, pero el análisis se hará sobre todo en función de lenguaje y tono.
La radiotelevisión pública británica someterá toda su programación a la revisión de diferentes colectivos que tendrán así la oportunidad de influir sobre su línea editorial.
Este movimiento se encuadra en la revisión de los estándares editoriales de BBC después de que se desvelaran las polémicas prácticas de Martin Bashir para conseguir la histórica entrevista emitida en 1995. Según la investigación interna de Lord Dyson, ese periodista encargó a un trabajador de la corporación que falseara transacciones bancarias para hacer creer al hermano de Diana Spencer que estaba ayudándole a evitar la venta de información a la prensa, con lo que se ganó su confianza. La fallecida le habría concedido la entrevista como señal de agradecimiento y en ella reveló cuestiones íntimas sobre su matrimonio con el príncipe Carlos, lo que precipitó el anuncio del divorcio de la pareja entonces separada.
En todo caso, antes de que estallara este escándalo ya estaba sobre la mesa la necesidad de plantear la imparcialidad de BBC como un elemento inapelable. Tim Davie, su director general, impulsó recientemente la renovación de la normativa interna para redes sociales y amenazó directamente a aquellos trabajadores que pusieran en entredicho a la corporación al incumplirla.
Su objetivo desde que asumió el cargo es evitar opiniones políticas de sus periodistas para destensar la relación con el Gobierno de Boris Johnson, que ha acusado reiteradamente a BBC de mantener un sesgo progresista que se habría sustanciado en una cobertura favorable a la permanencia en la Unión Europea durante la campaña del Brexit. El futuro marco de financiación de la organización está en juego, especialmente después de que BBC eliminara la exención del canon para mayores de 75 años contra el criterio del Ejecutivo y en un contexto de ajustes provocados por la pandemia.