Uno de los recursos que más usan quienes pretenden interferir en el libre desempeño del periodismo es la interposición de demandas infundadas contra los periodistas, conocidas como slapp (litigios estratégicos contra la participación pública), conscientes de que juegan un importante papel tanto económico como intimidatorio. Al presentar demandas, pretenden en muchos casos que los periodistas callen y dejen de investigar.
La Unión Europea ha propuesto medidas para proteger a los periodistas de demandas vejatorias, especialmente aquellos que trabajan para denunciar la corrupción y las irregularidades políticas y económicas.
La medida, aparte de para los periodistas, se extiende también a organizaciones no gubernamentales.
Según un proyecto de directiva de la UE, que desvela The Guardian, los periodistas y las ONG de la UE podrían apelar a los tribunales para desestimar los casos judiciales «manifiestamente infundados», aunque de momento rige la condición de que afecte como mínimo a dos países. Es decir, que una persona denuncie en un país europeo a otro periodista de otro país europeo.
Con estas medidas la UE cree que pueden cerrar lo que se conoce como forum shopping. Forum shopping es un término informal en inglés en el ámbito del derecho internacional privado, que se puede traducir al castellano no literalmente como foro de conveniencia. Se trata de la posibilidad que tiene un demandante debido a la diversidad de reglas y competencias internacionales de acogerse a la jurisdicción o tribunales de países que puedan emitir una sentencia más favorable a sus intereses. Es decir, los clientes adinerados buscan el régimen legal más amigable para perseguir a sus críticos en los tribunales.
Además, los tribunales de los estados miembros podrían negarse a reconocer o ejecutar sentencias en casos slapp de países no pertenecientes a la UE.
Pero en una recomendación no vinculante separada, la comisión europea también insta a los estados miembros a tomar medidas enérgicas contra estos casos judiciales molestos sin que implique necesariamente a dos estados europeos, que es la forma más común de litigio abusivo.
Según las propuestas de la UE, si un caso se desestima por abusivo, los demandantes tendrán que hacerse cargo de sus costes y los destinatarios de la acción legal podrán reclamar daños y perjuicios.