La preocupación y las dudas que en las autoridades de algunos países está generando el creciente uso de ChatGPT, el chatbot inteligente propiedad de OpenAI, ha llegado a España. Pocos días después de que la administración pública italiana bloqueara el uso de la plataforma, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha informado de que “ha iniciado de de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense por un posible incumplimiento de la normativa”, según el comunicado hecho público por la entidad.
A principios de este mes las autoridades italianas bloquearon el uso de ChatGPT en su país
La agencia, de acuerdo con la información publicada en diferentes medios, considera que ChatGPT podría estar recogiendo de forma ilegal datos de los usuarios, presenta debilidades en su sistema de protección ante posibles ataques y carece de filtro para comprobar la edad de los usuarios.
Los argumentos son muy similares a los que empleó la autoridad de protección de datos en Italia para bloquear la herramienta en el país transalpino.
El comunicado de la AEPD se informa asimismo de que la pasada semana la agencia solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos -entidad que agrupa a las autoridades responsables de la protección de datos de los países de la Unión Europea- que se incluyera la plataforma ChatGPT como asunto a tratar en la reunión plenaria que se iba a celebrar ayer.
La AEPD argumentó su petición señalando que“los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos”.
El comité atendió la petición española y aprobó en su reunión la puesta en marcha de un grupo de trabajo para “fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos”.
La AEPD matiza en su comunicado que “aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde el pleno respeto a la legislación vigente”. Considera que solo “desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas”.