Australia aprueba una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años Australia se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Recién aprobada por su parlamento, esta legislación impone estrictas restricciones a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat, con multas que alcanzan los 32,1 millones de dólares en caso de incumplimiento. Sin embargo, YouTube aparece clasificada como una ‘plataforma de bajo riesgo’ y no se verá afectada por esta decisión. La norma entrará en vigor dentro de un año tras un periodo de prueba que comenzará el próximo mes de enero Protección de menores: el objetivo (declarado) principal Sus defensores justifican la medida sobre la base de la lucha contra los riesgos habitualmente asociados con el uso excesivo de redes sociales entre los menores, como el ciberacoso, los trastornos de salud mental y los algoritmos que promueven contenidos nocivos. Según el primer ministro Anthony Albanese, «esta ley asegura que las plataformas prioricen la seguridad de nuestros hijos». El texto introduce la categoría de «redes sociales con restricciones de edad», obligando a las empresas a verificar la edad de los usuarios a la hora de acceder a dichas plataformas. La ley no penalizará a los padres o menores que infrinjan la norma (es decir, nada de perseguir a los usuarios de software VPN como en Brasil), sino que pone el foco en las plataformas tecnológicas, las cuales deberán implementar mecanismos de verificación y supervisión. Una prohibición implementada de manera progresiva Prueba piloto: Según los textos proporcionados, está previsto que en enero de 2025 comience un periodo de prueba para explorar métodos que permitan implementar eficazmente la ley. Durante esta etapa, se buscará identificar cuáles son las «medidas razonables» para impedir que menores de 16 años accedan a redes sociales. Éstas aún no se han delimitado, y se espera que las redes experimenten con varias opciones, que podrían incluir tecnología de verificación de edad como análisis biométricos, uso de documentos de identidad o controles cruzados con bases de datos gubernamentales. Plazo para ajustes: La entrada en vigor oficial de la prohibición está programada para dentro de un año desde la aprobación de la ley (es decir, hacia finales de 2025). Este intervalo de 12 meses permite a las plataformas adaptar sus sistemas y procesos internos, y establecer los mecanismos tecnológicos necesarios para garantizar que los menores no puedan registrarse o acceder. Multas pospuestas: Las multas no se empezarán a aplicar cuando se inicie la prueba piloto, pero las plataformas que no cumplan con los requisitos al final del periodo de implementación se enfrentarán sanciones económicas severas, de hasta 32,1 millones de dólares USA. Admisión de posibles fallos iniciales: El primer ministro Anthony Albanese ha reconocido que la implementación no será perfecta desde el inicio, y comparó esta prohibición con las restricciones de edad para el consumo de alcohol, señalando que siempre puede haber excepciones, pero el objetivo es minimizar el acceso. Críticas contra la norma La legislación ha recibido fuertes críticas tanto de expertos como de las propias plataformas tecnológicas. TikTok y Meta han señalado los retos logísticos y los riesgos de empujar a los jóvenes hacia «espacios más oscuros» de Internet, donde el contenido no está moderado. La verificación de edad, un aspecto central de la norma, plantea desafíos técnicos y éticos, ya que implica recopilar más datos personales de los usuarios, algo que podría vulnerar su privacidad. Elon Musk, propietario de X (una de las redes sociales afectadas) y figura clave en el nuevo gobierno de Donald Trump, calificó la medida como un «intento encubierto de controlar el acceso a Internet» tanto de menores como de adultos. Elon Musk ve la medida como una ‘puerta trasera’ para control el acceso a Internet de todos los australianos, menores o no. Por otro lado, grupos ‘pro-derechos humanos’ como Amnistía Internacional han alertado sobre el posible impacto negativo en adolescentes vulnerables, como inmigrantes o miembros de minorías sexuales, que a menudo encuentran apoyo en comunidades online. Un precedente (¿de exceso regulatorio?) global Otros países como Francia, Puerto Rico y algunos estados de EE. UU. han implementado medidas para regular el acceso de menores a redes sociales. En España, por ejemplo, planeamos elevar la edad mínima para crear cuentas de 14 a 16 años, y seguimos teniendo sobre la mesa el polémico ‘pajaporte’… pero siguen siendo medidas que no alcanzan la contundencia de la prohibición australiana. Mientras el gobierno australiano defiende la ley como un acto de responsabilidad social, la medida ha abierto un debate global sobre el equilibrio entre la protección de los menores y el respeto a las libertades individuales. Un debate que también se ha llegado a poner sobre la mesa en la UE, aunque por razones algo diferentes. La prohibición plantea preguntas fundamentales: ¿es posible garantizar la seguridad online sin restringir derechos? ¿Hasta qué punto deben los gobiernos intervenir en el acceso a Internet? El tiempo dirá si esta legislación se convierte en un referente o en un ejemplo de los riesgos de una regulación invasiva. Enlace a la fuente original
Australia aprueba una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años Australia se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Recién aprobada por su parlamento, esta legislación impone estrictas restricciones a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat, con multas que alcanzan los 32,1 millones de dólares en caso de incumplimiento. Sin embargo, YouTube aparece clasificada como una ‘plataforma de bajo riesgo’ y no se verá afectada por esta decisión. La norma entrará en vigor dentro de un año tras un periodo de prueba que comenzará el próximo mes de enero Protección de menores: el objetivo (declarado) principal Sus defensores justifican la medida sobre la base de la lucha contra los riesgos habitualmente asociados con el uso excesivo de redes sociales entre los menores, como el ciberacoso, los trastornos de salud mental y los algoritmos que promueven contenidos nocivos. Según el primer ministro Anthony Albanese, «esta ley asegura que las plataformas prioricen la seguridad de nuestros hijos». El texto introduce la categoría de «redes sociales con restricciones de edad», obligando a las empresas a verificar la edad de los usuarios a la hora de acceder a dichas plataformas. La ley no penalizará a los padres o menores que infrinjan la norma (es decir, nada de perseguir a los usuarios de software VPN como en Brasil), sino que pone el foco en las plataformas tecnológicas, las cuales deberán implementar mecanismos de verificación y supervisión. Una prohibición implementada de manera progresiva Prueba piloto: Según los textos proporcionados, está previsto que en enero de 2025 comience un periodo de prueba para explorar métodos que permitan implementar eficazmente la ley. Durante esta etapa, se buscará identificar cuáles son las «medidas razonables» para impedir que menores de 16 años accedan a redes sociales. Éstas aún no se han delimitado, y se espera que las redes experimenten con varias opciones, que podrían incluir tecnología de verificación de edad como análisis biométricos, uso de documentos de identidad o controles cruzados con bases de datos gubernamentales. Plazo para ajustes: La entrada en vigor oficial de la prohibición está programada para dentro de un año desde la aprobación de la ley (es decir, hacia finales de 2025). Este intervalo de 12 meses permite a las plataformas adaptar sus sistemas y procesos internos, y establecer los mecanismos tecnológicos necesarios para garantizar que los menores no puedan registrarse o acceder. Multas pospuestas: Las multas no se empezarán a aplicar cuando se inicie la prueba piloto, pero las plataformas que no cumplan con los requisitos al final del periodo de implementación se enfrentarán sanciones económicas severas, de hasta 32,1 millones de dólares USA. Admisión de posibles fallos iniciales: El primer ministro Anthony Albanese ha reconocido que la implementación no será perfecta desde el inicio, y comparó esta prohibición con las restricciones de edad para el consumo de alcohol, señalando que siempre puede haber excepciones, pero el objetivo es minimizar el acceso. Críticas contra la norma La legislación ha recibido fuertes críticas tanto de expertos como de las propias plataformas tecnológicas. TikTok y Meta han señalado los retos logísticos y los riesgos de empujar a los jóvenes hacia «espacios más oscuros» de Internet, donde el contenido no está moderado. La verificación de edad, un aspecto central de la norma, plantea desafíos técnicos y éticos, ya que implica recopilar más datos personales de los usuarios, algo que podría vulnerar su privacidad. Elon Musk, propietario de X (una de las redes sociales afectadas) y figura clave en el nuevo gobierno de Donald Trump, calificó la medida como un «intento encubierto de controlar el acceso a Internet» tanto de menores como de adultos. Elon Musk ve la medida como una ‘puerta trasera’ para control el acceso a Internet de todos los australianos, menores o no. Por otro lado, grupos ‘pro-derechos humanos’ como Amnistía Internacional han alertado sobre el posible impacto negativo en adolescentes vulnerables, como inmigrantes o miembros de minorías sexuales, que a menudo encuentran apoyo en comunidades online. Un precedente (¿de exceso regulatorio?) global Otros países como Francia, Puerto Rico y algunos estados de EE. UU. han implementado medidas para regular el acceso de menores a redes sociales. En España, por ejemplo, planeamos elevar la edad mínima para crear cuentas de 14 a 16 años, y seguimos teniendo sobre la mesa el polémico ‘pajaporte’… pero siguen siendo medidas que no alcanzan la contundencia de la prohibición australiana. Mientras el gobierno australiano defiende la ley como un acto de responsabilidad social, la medida ha abierto un debate global sobre el equilibrio entre la protección de los menores y el respeto a las libertades individuales. Un debate que también se ha llegado a poner sobre la mesa en la UE, aunque por razones algo diferentes. La prohibición plantea preguntas fundamentales: ¿es posible garantizar la seguridad online sin restringir derechos? ¿Hasta qué punto deben los gobiernos intervenir en el acceso a Internet? El tiempo dirá si esta legislación se convierte en un referente o en un ejemplo de los riesgos de una regulación invasiva. Enlace a la fuente original