El reconocimiento legal de las SBIC es el resultado de la iniciativa “Empresas Con Propósito”, coordinada e impulsada por B Lab Spain, que el pasado 21 de junio fue presentada en el Congreso de los Diputados en un acto que contó con el soporte de las juventudes políticas y líderes de opinión de la sociedad civil, así como con más de 30.000 firmas recogidas a través de Change.org, y el respaldo de 400 organizaciones y 50 personalidades.
Con la creación de esta figura legal, España avanza para situarse a la vanguardia en la promoción de la economía de impacto, tanto por el impulso del sector empresarial con propósito que supone su reconocimiento legal; como por los estímulos que puede generar el propio estado, principalmente desde el ámbito de la financiación y la compra pública.
El reconocimiento de esta figura legal cierra, pues, un triángulo que permite dinamizar la economía de impacto en nuestro país. Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab Spain, organización que ha impulsado la creación de la Ley, ha explicado que: “Hasta ahora teníamos una regulación sobre finanzas sostenibles y un sector de inversión de impacto que necesitaban canalizar esta inversión hacia empresas con impacto. Es por eso que la aprobación de esta nueva Ley supone un gran logro y sobre todo un gran paso, fruto del trabajo que llevamos realizando desde hace años”. Y añade: “En 2021, la inversión de impacto en España movilizó 2.400 millones de euros, con un crecimiento del 12% respecto a 2020. De estos 2.400 millones, casi un 20%corresponde a capital privado, siendo este el capítulo que más crece, con un 33% de crecimiento respecto a 2020. La aparición de nuevas gestoras de inversión de impacto y nuevos fondos en las gestoras existentes explica este crecimiento”.
Ante este escenario, disponer de una figura como la SBIC permitirá que estas gestoras puedan identificar más fácilmente empresas en las que canalizar su inversión, ya que tanto el inversor como la propia empresa estarán alineados en su propósito: generar un impacto social y/o ambiental positivo a través de la actividad empresarial.
De igual modo, la emergencia de nuevos mecanismos de inversión o financiación pública dirigidos a estimular la economía de impacto encontrará en la SBIC una figura reconocida legalmente, a través de la cual el sector público puede estimular la transformación del sector empresarial.
Países como Francia o Italia ya cuentan desde hace un tiempo con esta figura jurídica. En el caso de Francia, la llamada enterprise à mission se distingue por tener un organismo dentro de la empresa que supervisa la ejecución de su razón de ser o propósitoy un organismo externo que verifica la ejecución de estos objetivos. Desde la publicación de la Ley en 2019, 204 empresas han adoptado el estatus de enterprise à mission hasta junio de 2021, habiéndose cuadruplicado este número en el último año. Entre las empresas cotizadas en bolsa (CAC40), el 75% han desarrollado su propósito, entre las cuales se encuentra Danone, Carrefour, Atos, Engie, EDF u Orange.
Por su parte, en Italia, desde marzo de 2022, ya se habían registrado 1.922 empresas reconocidas como Società Benefit. En este país, la ley está vigente desde 2016, y ya ha experimentado un crecimiento del 43% respecto a septiembre de 2021. “En el marco italiano, este dato se alcanza en un periodo donde a nivel estatal se ha producido una reducción del 8,3% en el registro de nuevas empresas. Es decir, mientras el emprendimiento se frena en Italia, la creación de empresas Società Benefit se acelera”, ha recalcado Pablo Sánchez.
En España, a partir de ahora, las empresas que tengan este reconocimiento jurídico específico serán aquellas que en sus estatutos incluyen el triple objetivo de generar valor económico, social y ambiental, mientras demuestran de manera transparente su desempeño en todos ellos. Estas compañías cumplen con estándares elevados en materia ambiental, social, económico, de transparencia y asumen principios de buen gobierno corporativo orientados al interés tanto de accionistas, como de otros grupos de interés como trabajadores, las comunidades locales o el propio medio ambiente.