Dos años de cárcel por una información veraz Hay informaciones que hay que darle un tiempo para publicarla. No hay que decir lo que se piensa sino pensar lo que se dice. Y ayer la indignación se torno de mil colores, además de los calores propios de los agentes del clima organizado. Dos años de cárcel por publicar una información veraz, copiada del propio sumario del caso. Revelación de secretos. Multa de 3.200 euros, inhabilitación para trabajar de periodista y 30.000 euros a los familiares de Laura Huelmo. A todo eso se debe enfrentar una periodista del ‘Huelva Información’. Todo ello por informar de las distintas versiones que ofreció Bernando Montoya (condenado a prisión permanente revisaba), las lesiones que presentaba la víctima, un parte de toxicología y fotos antes de ser secuestrada. Informar en un contexto de máxima alarma social donde la periodista atendió al derecho de informar. Pero un juez ha salvado que se sobrepasó con “la divulgación de datos que afectaba a la intimidad». Y lo más grave es que el juez considera si algo es o «ajeno a lo noticiable», exceden de relevancia informativa. Es decir, que es ahora el juez quien determina si algo es noticiadle o no, si es relevante o no. Todo ello ante una información contrastada con el propio sumario. Es decir, no son capaces de actuar contra quien ha filtrado la noticia sino con quien lo difunde. Afortunadamente se puede recurrir. Todas las asociaciones de la prensa en contra La condena tiene una consecuencia inmediata, a medio y otra a largo plazo. La primera es la situación de la periodista, que por hacer un trabajo y habilitar un derecho a la ciudadanía, no solo ha perdido el trabajo, la posibilidad de ejercerlo sino también la forma en cómo hacer frente al castigo económico. Además, se abre la veda para la censura a posteriori por parte del juez. Y la tercera más grave, la autocensura en la que pueden caer los profesionales. La respuesta no se ha hecho esperar por las asociaciones del sector. En un documento conjunto manifiestan su preocupación: Muestran su rechazo más absoluto a esta sentencia, que sienta un peligroso precedente y que pone en riesgo los estándares democráticos que protegen a la profesión periodística en la Constitución. La Justicia tiene el deber de proteger y defender la información veraz, nunca perseguirla o castigarla. Hablamos de un derecho constitucional de los ciudadanos que ejercen a través de los periodistas. Solicitan a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que estudie pormenorizadamente la sentencia y analice las posibles repercusiones que pueda tener para el ejercicio de la profesión. Muestran su apoyo a la periodista condenada y se ponen a su disposición por si desea recurrir la sentencia ante todas las instancias judiciales que procedan. Se reservan cuantas acciones de protesta consideren oportunas para dar a conocer este fallo judicial a la opinión pública, no solo por los riesgos que supone para el libre ejercicio de la profesión periodística, sino para la salud de una sociedad democrática. Los firmantes del comunicado son la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería, Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa Campo de Gibraltar, Asociación de la Prensa de Córdoba, Asociación de Periodistas de Granada, Asociación de la Prensa de Jaén, Asociación de la Prensa de Jerez, Asociación de la Prensa de Huelva, Asociación de la Prensa de Málaga y Asociación de la Prensa de Sevilla. IMAGEN: GRUPO JOLY. La ilustración forma parte de la información que ha adelantado este fallo del tribunal. Un reportaje de Jorge Muñoz. Enlace a la fuente original
Dos años de cárcel por una información veraz Hay informaciones que hay que darle un tiempo para publicarla. No hay que decir lo que se piensa sino pensar lo que se dice. Y ayer la indignación se torno de mil colores, además de los calores propios de los agentes del clima organizado. Dos años de cárcel por publicar una información veraz, copiada del propio sumario del caso. Revelación de secretos. Multa de 3.200 euros, inhabilitación para trabajar de periodista y 30.000 euros a los familiares de Laura Huelmo. A todo eso se debe enfrentar una periodista del ‘Huelva Información’. Todo ello por informar de las distintas versiones que ofreció Bernando Montoya (condenado a prisión permanente revisaba), las lesiones que presentaba la víctima, un parte de toxicología y fotos antes de ser secuestrada. Informar en un contexto de máxima alarma social donde la periodista atendió al derecho de informar. Pero un juez ha salvado que se sobrepasó con “la divulgación de datos que afectaba a la intimidad». Y lo más grave es que el juez considera si algo es o «ajeno a lo noticiable», exceden de relevancia informativa. Es decir, que es ahora el juez quien determina si algo es noticiadle o no, si es relevante o no. Todo ello ante una información contrastada con el propio sumario. Es decir, no son capaces de actuar contra quien ha filtrado la noticia sino con quien lo difunde. Afortunadamente se puede recurrir. Todas las asociaciones de la prensa en contra La condena tiene una consecuencia inmediata, a medio y otra a largo plazo. La primera es la situación de la periodista, que por hacer un trabajo y habilitar un derecho a la ciudadanía, no solo ha perdido el trabajo, la posibilidad de ejercerlo sino también la forma en cómo hacer frente al castigo económico. Además, se abre la veda para la censura a posteriori por parte del juez. Y la tercera más grave, la autocensura en la que pueden caer los profesionales. La respuesta no se ha hecho esperar por las asociaciones del sector. En un documento conjunto manifiestan su preocupación: Muestran su rechazo más absoluto a esta sentencia, que sienta un peligroso precedente y que pone en riesgo los estándares democráticos que protegen a la profesión periodística en la Constitución. La Justicia tiene el deber de proteger y defender la información veraz, nunca perseguirla o castigarla. Hablamos de un derecho constitucional de los ciudadanos que ejercen a través de los periodistas. Solicitan a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que estudie pormenorizadamente la sentencia y analice las posibles repercusiones que pueda tener para el ejercicio de la profesión. Muestran su apoyo a la periodista condenada y se ponen a su disposición por si desea recurrir la sentencia ante todas las instancias judiciales que procedan. Se reservan cuantas acciones de protesta consideren oportunas para dar a conocer este fallo judicial a la opinión pública, no solo por los riesgos que supone para el libre ejercicio de la profesión periodística, sino para la salud de una sociedad democrática. Los firmantes del comunicado son la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería, Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa Campo de Gibraltar, Asociación de la Prensa de Córdoba, Asociación de Periodistas de Granada, Asociación de la Prensa de Jaén, Asociación de la Prensa de Jerez, Asociación de la Prensa de Huelva, Asociación de la Prensa de Málaga y Asociación de la Prensa de Sevilla. IMAGEN: GRUPO JOLY. La ilustración forma parte de la información que ha adelantado este fallo del tribunal. Un reportaje de Jorge Muñoz. Enlace a la fuente original