El texto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, cuya tramitación empezó el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, sigue siendo objeto de polémica. Tras la batalla política que ha supuesto la imposición a las grandes plataformas de streaming de dedicar una cuota de sus ingresos generados en España a financiar obras en lenguas cooficiales, que puso incluso en peligro hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por la presión de ERC, este jueves los que se han puesto en pie de guerra han sido los productores independientes por un cambio de última hora introducido en el borrador que no estaba previsto. Todas las asociaciones del sector se han unido por primera vez para emitir un comunicado conjunto en contra de esa modificación porque consideran que favorece las grandes cadenas y plataformas de televisión e “impulsa la concentración inmediata de la industria”, lo que contraviene dos de los principales mandatos de la directiva europea que rige el sector: crear unas condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales y preservar la diversidad cultural de los países. La Comisión de Asuntos Económicos ha aprobado esta mañana el dictamen de la ponencia del borrador y la votación definitiva ante el pleno del Congreso está prevista la semana que viene.
A esta polémica hay que añadir que la Comisión Europea ha decidido llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE a España, Chequia, Irlanda, Rumania y Eslovaquia por el retraso que llevan en la transposición de esa directiva, un proceso que debería haber culminado hace un año y medio, solicitando que se les impongan sanciones financieras.
La modificación que ha incendiado a los productores se ha introducido en el artículo 110.1, que corresponde a la definición de lo que se considera productor independiente: “Se considera productor independiente […] a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable […] con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio”. La única palabra que ha variado es la subrayada, dicho, donde antes ponía un. Lo que literalmente parece un cambio nimio permite, según los productores, que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes cuando produzcan para otros canales de emisión, “compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes, pues no solo cuentan con las ventanas donde exhibir el contenido, sino que además tienen la plataforma donde se anuncia”, explica la nota de protesta.
Desde que empezó a debatirse la ley, el sector ha hecho especial hincapié en este punto porque la supervivencia de muchas pequeñas empresas depende en buena parte de que la ley delimite claramente quién puede producir con el dinero que la ley obliga a los conglomerados a destinar a producciones independientes nacionales, establecido en el 3,5% de sus ingresos. Es decir, quién es considerado productor independiente. Según el comunicado de hoy, la enmienda deja abierta a la posibilidad de que las grandes cadenas y plataformas se produzcan unas a otras a través de productoras asociadas. Lejos de aclarar esa definición como pedían, la enmienda introduce confusión.
Los productores advierten de que la enmienda favorece al duopolio televisivo actual y las grandes plataformas internacionales y perjudica la diversidad cultural española, pues si los que producen los contenidos son los mismos que los que los emiten todo puede acabar dependiendo de los mismos intereses, cuando no de un algoritmo. Avisan además de que “se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes”.