Suecia ha aprobado una ley de espionaje exterior que ha obligado a una polémica reforma de derechos constitucionales como la libertad de prensa y expresión.
Los cambios significan que el espionaje extranjero, el espionaje extranjero agravado y la divulgación de información secreta en la cooperación internacional se introducen como delitos en el Código Penal con castigos que pueden llegar a los ocho años de prisión.
El mismo delito se introduce en la legislación sobre prensa y libertad de expresión. Tanto la libertad de comunicación como la libertad de adquisición quedarán limitadas a este respecto, lo que ha sido criticado por algunos medios de comunicación suecos por amenazar la libertad de expresión.
El “Riksdag” (Parlamento) adoptó hoy las enmiendas a la ley por una amplia mayoría, 270 votos a favor y 37 en contra. Solo se pronunciaron en contra Los Verdes y el Partido de la Izquierda. De hesho, esta es la segunda vez que la Cámara da luz verde a la ley. Al tratarse de una reforma constitucional, la ley sueca obliga a que se produzcan dos votaciones por dos Parlamentos distintos. La primera se sometió al “Riksdag” antes de las elecciones del 11 de septiembre los liberales, ahora socios de la coalición de derechas que gobierna el país con apoyo externo de la ultraderecha, votaron en contra de la reforma.
A partir de la que la ley entre en vigor el 1 de enero, podría ser un delito punible en algunas situaciones revelar información secreta que surge como resultado de la cooperación internacional de Suecia y que podría dañar las relaciones de Suecia con otro país u organización internacional. Y más ahora que el país nórdico ha solicitado su ingreso en la OTAN junto a Finlandia.
Según la legislación de espionaje actual, la información secreta obtenida, revelada o pasada a otro Estado debe dañar directamente la seguridad de Suecia para ser considerada delito. Según la nueva ley, basta con dañar las relaciones con otro país.
Kristersson insistió ante el Parlamento de la necesidad de homologar la legislación sueca: “Se nos ha señalado durante mucho tiempo que existe un vacío en la ley sueca que nos dificulta trabajar junto con otros países en operaciones internacionales”. “Por lo tanto, es razonable, si Suecia quiere ser parte de esas operaciones, que tengamos las mismas leyes que tienen otros países nórdicos, y que tengan en cuenta de manera significativa el trabajo periodístico y la expresión pública”. aseguró.
Durante el debate, la diputada del Partido de la Izquierda, Jessica Wetterling, defendió, en cambio, que la nueva ley estaba “abriendo la caja de Pandora”, al poner nuevas restricciones a la libertad de expresión y de prensa. “Esto generará una enorme incertidumbre sobre lo que se puede publicar y la gente terminará autocensurándose y no se atreverá a denunciar”, advirtió la diputada.